Así se ha expresado en su ponencia sobre los logros y los desafíos del Asociacionismo de mujeres en el mundo de la discapacidad, durante la mesa ‘La Igualdad como edificio en construcción: Discapacidad, accesibilidad y buenas prácticas’, moderada por la vicepresidenta del Comité CEDAW de Naciones Unidas, Ana Peláez, durante la celebración de las I Jornadas Sociales de Igualdad, puestas en marcha por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 

 

En un contexto en el que, en términos generales, hay personas que no tienen una sociedad civil que las representa, y desde la necesidad de trabajar en red, “sin dejar a nadie atrás”, para CERMI Mujeres es necesario que el movimiento feminista y las organizaciones de mujeres con discapacidad “tienen que ser reconocidas”. 

 

Durante su intervención, Marta Valencia, presidenta también de la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad de Cocemfe (Cemudis), ha llamado la atención sobre la necesidad de visibilizar a mujeres y niñas con discapacidad y empoderarlas, un trabajo que se lleva realizando desde el asociacionismo. “No aparecemos en las estadísticas y lo que no se ve no existe”, ha incidido. En su opinión, el movimiento asociativo que representa este colectivo se creó como un recurso donde pueden participar en primera persona las mujeres con discapacidad y donde se pueden reivindicar sus necesidades específicas. 

 

Según ha explicado, gracias a su trabajo, logran que las mujeres con discapacidad sean más participativas y activas, que formen parte del movimiento feminista y lograr una real igualdad entre mujeres y hombres y entre mujeres con y sin discapacidad. “No somos una realidad única, sino heterogénea, con necesidades transversales y específicas como cualquier mujer, hay que romper barreras de lo que somos, debemos participar en todas las actividades de la vida, y ser activas en ellas”, ha concluido.

 

El director general de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Celada, quien ha abordado las Políticas Públicas con perspectiva de género en favor de la discapacidad, y que, coincidiendo con CERMI Mujeres, “todavía no cuentan con un enfoque interseccional”, un reto que “no solo va a favorecer a las mujeres y niñas con discapacidad, sino a poblaciones y a los grupos sociales más desfavorecidos que se van quedando atrás”

 

Celada, en este sentido, ha insistido en hacer políticas bajo el marco normativo de la Convención de la ONU y de los ODS y “no dejar atrás a las mujeres y niñas con discapacidad en las políticas públicas”. “Un marco normativo que hay que cumplir”, ha señalado. Para él, en materia de accesibilidad, ésta “se convertirá en el quinto poder del estado”, ya que, según ha dicho, “lo que es bueno para la discapacidad es bueno para la sociedad”. 

 

Entre las preocupaciones que le ocupan y en cuanto a las políticas en las que hay que centrarse, según ha expresado, destacan la discriminación existente en cuanto a la formación y el empleo de las mujeres con discapacidad, en la sanidad, ocio, turismo, derechos o, incluso, en lo estadístico. Asimismo, ha apuntado a las discapacidades emergentes como la salud mental y el autismo, siendo la salud mental la segunda causa de discapacidad en las mujeres; a la violencia de género, que afecta a un 75% de las mujeres con discapacidad, o al papel de la mujer en el entorno rural, que, para él, “es lamentable”. 

 

Además, José Antonio Juncà, vocal asesor del Gabinete Técnico de la Subsecretaría del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha planteado la ponencia ‘Accesibilidad Universal, cimientos de igualdad’ a través, principalmente, de siete reflexiones de mujeres con discapacidad sobre la accesibilidad. Mujeres que se han referido a la accesibilidad en el medio rural, a la no discriminación en el acceso a los espacios, recursos y servicios, a la necesidad de medidas firmes y decididas que permitan la inclusión y la participación en igualdad de condiciones de las mujeres con discapacidad, a la perspectiva de género en materia de accesibilidad, la participación efectiva de las mujeres con discapacidad en el diseño, planificación y ejecución de los entornos para una accesibilidad universal e igualitaria, la accesibilidad en la cultura o la accesibilidad en las diferentes discapacidades, entre otros.

 

En esta materia, José Antonio Juncá ha apostado por trabajar para eliminar estas barreras y ha propuesto plantear la accesibilidad como un derecho constitucional; ahondar en la formación técnica y profesional en mujeres y hombres en materia de accesibilidad universal; tomar nota y aplicar como ejemplo de buenas prácticas en esta materia, como es el caso de la Estrategia de Accesibilidad de Euskadi y su plan de acción; invertir en recursos en mejorar la accesibilidad en la red pública de consultas ginecológicas y obstétricas y en las casas de acogida por violencia machista; o ahondar en la temática de mujeres en la accesibilidad para que haya rigor en el diseño de espacios públicos, de la vivienda, de los servicios de salud y asistenciales.

 

Por su parte, la presidenta de la Federación de Salud Mental en Castilla y León, Elena Briongos, ha hecho referencia al Programa Julia’ dirigido a mujeres con discapacidad psicosocial en el entorno rural de Castilla y León, una zona que sufre una gran estigmatización social. 

 

Por último, Ana Peláez Narváez ha aprovechado esta ocasión para denunciar que es precisamente la inaccesibilidad y denegación de ajustes razonables las causas que están discriminando desde la Administración Pública a una mujer con discapacidad visual a la que se le impide tomar posesión de su plaza como Residente de Biología en el Sistema Nacional de Salud después de superar con éxito una oposición pública.